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El terremoto que sacudió a Chile el 27 de febrero pasado aceleró un fenómeno que muchos anticipaban: la inmensa red de inversiones de Sebastián Piñera, su equipo de gobierno en el que priman protagonistas del mundo empresarial y sus estrechas redes de negocios en algún momento le jugarían una mala pasada. Y son algunos de los actores ligados a las edificaciones más dañadas por el sismo quienes ponen al flamante Presidente frente a su segundo conflicto de interés, junto a la aún pendiente venta de todas sus acciones en Lan.

La lista es larga y la encabeza el recién nombrado intendente metropolitano Fernando Echeverría. También aparecen vinculados de distintas formas a las constructoras e inmobiliarias involucradas, el intendente del Maule, Rodrigo Galilea; el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine; y sus amigos Carlos Alberto Délano, Andrés Navarro, Ricardo Bachelet y José Cox.

Mientras el Presidente Piñera no para de desplegar todas sus fuerzas para implementar su plan de reconstrucción, un proyecto ligado a una de sus inversiones se movía un poco más de lo recomendable. Se trata del edificio Geocentro de calle Amunátegui, que fue construido por Novatec y cuya inmobiliaria fue El Bosque S.A., ambas empresas ligadas a Constructora Aconcagua, empresa en la cual Piñera tiene una antigua inversión. Poseía un 17,8% de la constructora y era el tercer mayor inversionista después de su amigo Andrés Navarro y de Aníbal Montero. Su participación se diluyó cuando Aconcagua se fusionó con SalfaCorp en 2007

Las últimas informaciones de prensa indican que Piñera posee un 5,7% de este último holding, inversión que podría formar parte de alguno de los fideicomisos voluntarios que delegó en Celfin y LarraínVial, pues no se ha informado públicamente que se haya desprendido de este activo. En su primera incursión presidencial (2005), Aconcagua fue la única empresa que donó en forma pública a su campaña.

Piñera sabía que este activo podría significarle un conflicto de interés y en diciembre de 2009 anunció su venta: “Tengo la firme intención de desprenderme de la propiedad o administración de todas las empresas que puedan significar cualquier obstáculo o conflicto de interés con mi vocación de ser un buen Presidente para todos los chilenos: Lan, Chilevisión, Salfacorp, Constructora Aconcagua, Clínica Las Condes”. Hasta ahora, sólo se ha sabido de la venta de una parte de sus activos en Lan y de la totalidad de sus acciones en la última de estas empresas.

Los terremoteados negocios del intendente

Sin duda el más afectado por el sismo es el flamante intendente de Santiago, Fernando Echeverría, socio de la constructora Echeverría Izquierdo. Esta empresa es responsable de la construcción de al menos tres de los edificios dañados por el terremoto. En Santiago estuvo a cargo de la edificación de Altos de Huechuraba y en Concepción de Alto Arauco II y Castellón. Mientras el primero está siendo evaluado y podría no tener daños estructurales, el segundo ya cuenta con un decreto de demolición. El edificio Castellón está en la lista de construcciones con “daño estructural severo” y fue evacuado ante el peligro que representa para sus moradores.

Al ser consultado por la prensa esta semana, Echeverría se excusó de responder por los problemas que presentan los edificios de su constructora. Argumentó que antes de asumir en la intendencia renunció a todos sus cargos y por lo tanto no es el “representante autorizado” para hablar del tema. Además, según consignó La Segunda, no quiso pronunciarse sobre las responsabilidades de constructoras e inmobiliarias: “Hoy estamos preocupados de la emergencia, de que haya agua y luz, orden público, de que haya techo… después se investigará si hay o no responsabilidad”.

Esas declaraciones fueron formuladas en el acto en el cual el intendente de Santiago firmó un acuerdo con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) –la misma que él presidió- para que el gremio pusiera a disposición de los municipios a voluntarios que evalúen los daños de las edificaciones capitalinas. Delegó en ellos dicha labor pese a que la mayoría de las constructoras de los inmuebles –quienes eventualmente podrían ser responsables de los daños– son socios de la CChC.

Según dijo Echeverría hace unos días a La Tercera, él nunca pensó en ser intendente, sino que quería ofrecerse como voluntario. En esa misma entrevista anunció que sólo se quedaría un año en el puesto, debido a que su tarea será sólo liderar la reconstrucción regional.

Si bien Echeverría sostuvo que no veía conflicto de interés entre ser intendente de Santiago e inversionista inmobiliario en la misma región, ya antes de asumir debió enfrentar los mismos problemas que preocupan a los propietarios y moradores de los edificios que llevan el sello de Echeverría Izquierdo.

Días antes del cambio de mando, el ahora intendente se reunió con el alcalde de Maipú, Alberto Undurraga, quien buscaba una solución para los vecinos de los edificios que deben ser demolido por los daños del terremoto. De acuerdo a la ley, el costo –unos $600 millones– corre por parte de los dueños de los destruidos departamentos, pero el edil le propuso buscar alguna forma en que el gobierno regional pague hasta que la justicia determine quiénes son los responsables del colapso del inmueble.

El mismo drama viven en Concepción los dueños de los departamentos de Alto Arauco II, donde los gastos de demolición correrían en principio por parte de la municipalidad, dinero que luego les cobrarían a sus propietarios. Los vecinos están estudiando la forma de llevar a la constructora y a la inmobiliaria ante la justicia para que respondan por los daños, porque el edificio se entregó en octubre de 2003, antes de la modificación a la ley que extiende la garantía a fallas estructurales por 10 años.

Echeverría no es el único intendente complicado. Según consignó El Mostrador, su par de la Región del Maule, Rodrigo Galilea, aún no asumía cuando fue abordado por los vecinos de unas casas dañadas que fueron construidas por Galilea S.A., empresa de la que hasta entonces era gerente general

Los socios del presidente

Fernando Echeverría no sólo participó a través de su empresa en la construcción de los edificios de Concepción, sino también se involucró personalmente en la gestión inmobiliaria. La venta del edificio Alto Arauco II estuvo a cargo de Inmobiliaria Purema, sociedad creada en 1997 por Ricardo Bachelet y Echeverría. Ambos formaron también en 2004 la Inmobiliaria Víctor Lamas, firma que vendió los departamentos del Edificio Castellón.

En el primer caso, la inmobiliaria sólo ha ofrecido ayuda para poner “alzaprimas” que sostengan el edificio para intentar que los vecinos puedan entrar a recuperar sus bienes. En el segundo, la inmobiliaria sigue negociando con los propietarios, pero hasta ahora sólo ofrece hacerse cargo de los daños en los espacios comunes del edificio entregado recién en 2009.

Además de Bachelet, quienes han llevado la interlocución de la empresa con los propietarios del inmueble son José Cox y Felipe Donoso, dueños de la Constructora Alto Arauco. Ellos han viajado a Concepción y también los han recibido en sus oficinas en Santiago, ubicadas en el piso 9 de Apoquindo 3000, el mismo edificio en que tiene sus cuarteles generales empresariales Sebastián Piñera (Bancard, Axxion, Fundación Futuro y Editorial Los Andes).

La locación no es casual. Bachelet y Cox, junto a Ignacio Guerrero son los socios de CMB (domiciliada en el piso 16 del mismo edificio) y a la que también está ligado el nuevo Presidente. Cox y Guerrero son parte del círculo más cercano de Piñera, amigos y compañeros de negocios de toda la vida.

Tampoco era la primera vez que los dueños de CMB y Echeverría Izquierdo hacían negocios juntos. Cox, Guerrero, Bachelet y Piñera se han asociado a la constructora en varios proyectos inmobiliarios, como Plaza Forestal en Recoleta y edificios de departamentos en Vitacura y Las Condes que el diario La Tercera valoró, en total, en US$ 69 millones en 2006.

José Cox también es director de Socovesa, empresa constructora del edificio El Parque de San Miguel, que presentó serios problemas a raíz del terremoto. En el directorio de Socovesa compartía hasta hace poco con Juan Andrés Fontaine, el nuevo ministro de Economía, quien renunció a su asiento el 2 de marzo recién pasado.

Los amigos del presidente

Carlos Alberto Délano y Sebastián Piñera también tienen una historia inmobiliaria común. Además de ser amigos de infancia, ambos empresarios –Choclo y Chatito, como se llaman cariñosamente entre ellos– invirtieron juntos en el edificio Las Américas, en calle Miraflores, una de las primeras torres modernas del centro de Santiago, a fines de los años ‘80. Como casi todos los negocios de Délano y Piñera, la iniciativa fue un éxito. El arquitecto del edificio fue Cristián Boza –artífice de varios proyectos del hoy Presidente–, quien también proyectó el condominio Los Reyes de Huechuraba, otro de los afectados por el terremoto.

Carlos Alberto Délano volvió con fuerza al mundo inmobiliario en los últimos años a través de Penta, el grupo que encabeza con Carlos Eugenio Lavín. Su edificio de calle Regina Pacis, en Ñuñoa, se vio seriamente dañado con el terremoto, lo que generó la ira de sus ocupantes. Disconformes con la respuesta de la inmobiliaria, realizaron ruidosas protestas en el frontis de las oficinas de Penta, en el barrio El Bosque de Las Condes. Finalmente la empresa accedió a recomprar todos los departamentos, aunque en los últimos días las tensiones entre la inmobiliaria y los vecinos volvió a encenderse.

El último de los amigos del Presidente cuestionado por la calidad de sus inversiones inmobiliarias es Andrés Navarro. Además de ser accionista de Aconcagua junto a Piñera, aparece como administrador de Inmobiliaria Konhill S.A., que estuvo a cargo de la gestión del Condominio Los Jazmines de Maipú, otro de los inmuebles que resultó dañado en Santiago.

El gobierno ha intentado en estos días dar la señal de que no estará del lado de las empresas. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, dijo el lunes a Radio Cooperativa que las autoridades ayudarían a buscar las responsabilidades entre las empresas que construyeron los edificios en mal estado y de construcción reciente.

Hinzpeter no dijo cómo enfrentará el tema el gobierno. Quienes sí tienen más clara la estrategia que seguirán son los integrantes del estudio jurídico Bofill, Mir & Álvarez, Hinzpeter y Jana, que aún lleva su apellido pese a que el ministro del Interior vendió su participación antes de asumir el 11 de marzo pasado. Su ex socio Alejandro Álvarez representa a la inmobiliaria VIVA, responsable de tres edificios dañados, dos en Macul y uno en Ñuñoa.